Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República han aprobado la reforma judicial propuesta por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto en lo general como en lo particular.
Ahora, la iniciativa será presentada ante el pleno del Senado, donde se discutirá y votará el miércoles 11 de septiembre. La reforma, que ha generado una considerable polémica en México, ha desencadenado protestas, incluyendo un paro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y marchas estudiantiles contra la propuesta. Estas protestas llevaron a que los legisladores celebraran la sesión en una sede alterna, dado que los accesos al Palacio Legislativo fueron bloqueados por los manifestantes.
El dictamen forma parte de un paquete de 20 reformas presentadas por López Obrador en febrero. Entre las principales modificaciones aprobadas se encuentran la reducción del número de ministros de la SCJN de 11 a 9, y la disminución del periodo de su encargo de 15 a 12 años. La reforma también establece dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial: una extraordinaria en junio de 2025 y otra en 2027.
Adicionalmente, se contempla la eliminación de la pensión vitalicia para los ministros actuales y futuros de la Corte, así como un ajuste en sus remuneraciones al tope establecido para el presidente de México. La reforma propone reemplazar el Consejo de la Judicatura Federal con dos nuevas instituciones, incluyendo un Tribunal de Disciplina Judicial, y suprimir las dos salas actuales de la Suprema Corte.
Diversos organismos multilaterales, como las Naciones Unidas, organizaciones empresariales como la International Chamber of Commerce, y agencias calificadoras como Fitch, junto con entidades financieras como Citibanamex, Stanley Morgan y UBS, además de las embajadas de Estados Unidos y Canadá, han expresado preocupaciones sobre la reforma. Alertan sobre los posibles riesgos que podría representar para la inversión privada, los tratados comerciales y las sanciones económicas.
