El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 350 votos a favor, 111 en contra y una abstención, el dictamen que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en relación con áreas y empresas estratégicas. Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva, anunció que el proyecto se enviará al Senado para su ratificación.
Durante el debate, diputados de Morena, PAN, PT, PRI y MC presentaron diversas propuestas de modificación al dictamen. Sin embargo, el Pleno solo aceptó la reserva de la diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva (Morena), que modificó los artículos 27 y 28.
En el artículo 27, se eliminó un párrafo que indicaba que el Estado sería responsable de la transición energética y utilizaría de manera sustentable todas las fuentes de energía disponibles para reducir emisiones contaminantes. En el artículo 28, se suprimió la obligación de “asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor” y se reafirmó que los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional. Además, se añadió la palabra “asignaciones” en la sección sobre concesiones y permisos del Estado.
Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena, argumentó que la modificación es necesaria para no condenar al Estado a ser el único encargado de la transición energética, lo que no sería viable económicamente. Subrayó que al eliminar la afirmación de que el Estado lidera la transición energética, se permitiría la inversión privada.
En contraposición, el diputado Germán Martínez Cázares (PAN) expresó su preocupación por que esta modificación infringe acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, y que limita la capacidad del Estado en la transición energética. Laura Iraís Ballesteros Mancillas (MC) también se pronunció en contra, sugiriendo que la reserva busca despojar al Estado de su responsabilidad en cuestiones ambientales.
Dolores Padierna Luna (Morena) defendió la eliminación del párrafo, afirmando que permitiría tanto al Estado como a los privados realizar inversiones en la transición energética, garantizando que el Estado conserve su rectoría.
Julen Rementería Del Puerto (PAN) criticó la reforma, alegando que le otorga a la Comisión Federal de Electricidad el control del sistema energético, pero le quita la responsabilidad de garantizar la transición y cumplir con compromisos internacionales. César Israel Damián Retes (PAN) también expresó su desacuerdo, argumentando que la reserva elimina políticas que favorecen energías limpias y asequibles.
Luis Humberto Fernández Fuentes (Morena) apoyó la reserva, indicando que no busca una estatización de la transición energética. Por su parte, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN) advirtió que la reserva aleja a México de los compromisos del Acuerdo de París y ha debilitado los incentivos para la generación de energías limpias.
Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) señaló que el párrafo en cuestión no formaba parte de la iniciativa original del presidente, sino que fue agregado posteriormente en la Comisión de Puntos Constitucionales. Leonel Godoy Rangel (Morena) argumentó que la eliminación del párrafo permite que la transición energética no dependa exclusivamente del Estado.
Finalmente, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (MC) propuso una nueva redacción para el párrafo, sugiriendo que tanto el Estado como la iniciativa privada estén a cargo de la transición energética y que esta se considere una prioridad del gobierno mexicano.
