Apenas ha pasado un mes desde la apertura del último tramo de la famosa carretera Vía Corta Guadalajara-Puerto Vallarta, y los automovilistas ya están enfrentando un nuevo golpe al bolsillo: el peaje total se ha disparado 6.52%, pasando de mil 290 a mil 380 pesos.
Este incremento, que comenzó a aplicarse desde el viernes 10 de enero, representa un ajuste que muchos consideran injustificado, sobre todo porque esta carretera fue promocionada como una vía que no solo ahorraría tiempo —reduciendo el trayecto a dos horas y media— sino que también sería accesible para todos los bolsillos.
Con este nuevo tarifario, los conductores deberán pagar lo siguiente en las cinco casetas que conectan Guadalajara con el paraíso costero:
- El Arenal: 205 pesos (antes 193, 12 pesos más).
- Plan de Barrancas: 306 pesos (antes 288, 18 pesos más).
- Amado Nervo: 205 pesos (antes 193, 12 pesos más).
- La Peñita: 181 pesos (antes 171, 10 pesos más).
- Bucerías: 483 pesos (antes 445, 38 pesos más).
El total ahora asciende a mil 380 por viaje sencillo y dos mil 760 por un viaje redondo, lo que ha generado molestia entre los usuarios frecuentes, quienes ven esta alza como un abuso más hacia los automovilistas.
“Visitar a mi hija, que está en Puerto Vallarta terminando su internado médico, se ha vuelto muy costoso. La carretera es hermosa, pero ya la llamamos ‘la autopista VIP’. En cada visita gasto cerca de cuatro mil pesos entre peajes y gasolina”, compartió la señora Teresa, quien viaja desde Guadalajara aproximadamente cada 22 días.
¿Lujo o necesidad?
Mientras las autoridades justifican este aumento como parte de un “reajuste necesario” para el mantenimiento de la vía, muchos se preguntan por qué no se contemplaron tarifas más accesibles desde el principio, especialmente cuando la carretera es vista como una infraestructura clave para el turismo y el comercio regional.
Por ahora, los viajeros que quieran evitar este costo deberán optar por las rutas alternas, que aunque más económicas, implican trayectos considerablemente más largos y demandantes.
La polémica está servida: ¿es este el precio de la modernidad o un nuevo ejemplo de cómo los costos terminan recayendo siempre en los ciudadanos?
