El gobierno de Estados Unidos, preocupado por el tráfico de drogas hacia su territorio, está considerando reclasificar a varios grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas extranjeras o globales, lo que incluiría a varias organizaciones mexicanas, según informó The New York Times.
Cinco funcionarios con conocimiento de esta decisión anticipada compartieron detalles con el mencionado diario, revelando las medidas que se tomarán contra los principales cárteles y las organizaciones que podrían ser incluidas en esta nueva clasificación.
El listado de grupos a reclasificar incluiría a varias organizaciones criminales con presencia y operaciones en América Latina. De los ocho grupos que se evaluarán, cinco son mexicanos, entre ellos el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, La Familia Michoacana y Cárteles Unidos, según lo señalado por los funcionarios a The New York Times.
La razón por la cual el Cártel del Noreste, La Familia Michoacana y Cárteles Unidos figuran en la lista, a pesar de que ya son considerados grupos delictivos por las autoridades estadounidenses, es que “actúan como fuerzas de choque” para ayudar a los cárteles principales en la expansión de su control territorial.
Además, hay organizaciones de otros países que podrían estar incluidas en esta lista. Entre ellas, se encuentra el Tren de Aragua, una banda originaria de Venezuela; la Mara Salvatrucha (MS-13), una pandilla creada por inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos; y el Clan del Golfo, un grupo colombiano que, desde hace más de 20 años, ha colaborado con los cárteles mexicanos, suministrándoles cocaína que luego es traficada a Estados Unidos. Además, el Clan del Golfo está implicado en el tráfico de migrantes, un tema que también interesa al presidente Donald Trump.
De acuerdo con The New York Times, el Departamento de Estado ha informado a varios comités del Congreso sobre las designaciones que se podrían anunciar esta semana desde la Casa Blanca.
Es importante recordar que el 20 de enero, el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva en la que instó a tomar medidas contra los principales cárteles, acusándolos de representar una “amenaza para la seguridad nacional” más allá del crimen organizado convencional. Trump dio un plazo de dos semanas al Departamento de Estado para realizar las designaciones, en consulta con otros miembros de su gabinete. Este estatus permitiría al gobierno de Estados Unidos imponer fuertes sanciones económicas a los grupos y a las personas o entidades vinculadas a ellos.
Por su parte, las autoridades mexicanas han mantenido negociaciones con el Gobierno estadounidense ante la posibilidad de que sus agencias de seguridad intervengan en el territorio mexicano. Sin embargo, han señalado que no aceptarían dicha intervención a menos que se realice en un marco de coordinación, sin subordinación ni sumisión.
