El colectivo Buscadores de Jalisco emitió un comunicado este domingo en respuesta a los recientes acontecimientos relacionados con el caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, donde se han descubierto restos humanos y evidencias de actividades criminales.
En su pronunciamiento, el grupo expresó su preocupación por las acciones que, según afirman, buscan demeritar tanto su labor como la de otros compañeros dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas en el estado.
“Ante todos los acontecimientos sobre el caso de Teuchitlán, se han derivado algunas situaciones para demeritar, no solo el trabajo de nuestro colectivo, sino de algunos compañeros de Búsqueda. Dejamos este comunicado”
Señala el mensaje difundido por el colectivo, dejando entrever su intención de esclarecer su postura y reafirmar su compromiso con la causa.
Aunque el comunicado no detalla las situaciones específicas a las que se refiere, el contexto reciente apunta a las tensiones surgidas tras el hallazgo de fosas clandestinas, crematorios y pertenencias en el mencionado rancho, un lugar que el colectivo identificó como un presunto campo de exterminio y adiestramiento del crimen organizado.
Desde que Guerreros Buscadores dio a conocer estos descubrimientos a principios de marzo, han enfrentado cuestionamientos por parte de algunos sectores, así como críticas relacionadas con la intervención de autoridades estatales y federales en el caso.
El colectivo, que ha trabajado en la localización de personas desaparecidas en #Jalisco, uno de los estados más afectados por esta crisis humanitaria, la declaración también parece ser un llamado a la unidad entre los grupos de búsqueda, en un momento en que la atención nacional e internacional se centra en los hallazgos de #Teuchitlán y las implicaciones que estos tienen sobre la seguridad y la justicia en #México.
Hasta el momento, las autoridades no han respondido directamente al comunicado de Guerreros #Buscadores. Sin embargo, el caso sigue generando controversia, especialmente tras las acusaciones de omisiones por parte de la Fiscalía de Jalisco y la posterior intervención de la Fiscalía General de la República (FGR).
