La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ofreció este lunes nuevos detalles sobre el asesinato de Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, perpetrado el pasado viernes 15 de junio dentro del Palacio Municipal.
De acuerdo con el fiscal estatal, Bernardo Rodríguez Alamilla, el ataque fue ejecutado en apenas seis minutos por cinco sujetos armados, quienes arribaron al poblado en dos motocicletas. El funcionario lamentó el crimen y expresó su respaldo a las familias de las víctimas, al tiempo que dio a conocer los avances de la investigación.
Ataque directo y armado
Según la reconstrucción de hechos, los agresores ingresaron a la comunidad a las 11:40 de la mañana. Tres viajaban en una motocicleta y dos más en otra. Aunque el Palacio Municipal no cuenta con cámaras, se obtuvieron videos de caminos cercanos que muestran las rutas de entrada y salida de los atacantes.
Dentro del edificio, la alcaldesa se encontraba reunida con Eli Gregorio García Ruiz, representante de la comunidad de Agua Caliente, quien también fue asesinado. Ambos gestionaban recursos para la construcción de un camino comunitario.
A las 11:46 horas, los atacantes huyeron. En el lugar del crimen se hallaron 60 casquillos percutidos, entre ellos:
- 49 de calibre .223
- 4 de calibre 5.56 mm
- 7 de calibre 9 mm
La evidencia confirma el uso de armas de alto poder, lo que refuerza la hipótesis de una emboscada premeditada.
Las cinco líneas de investigación
Rodríguez Alamilla informó que se han establecido cinco líneas principales de investigación, basadas en denuncias previas y conflictos conocidos:
- Desvío de fondos tras el huracán Ágatha: García Soto había denunciado ante la FGR irregularidades en la entrega de apoyos a damnificados durante la gestión anterior.
- Robo de recursos municipales: En 2023, la alcaldesa denunció el robo de 132 mil pesos del ayuntamiento.
- Falsificación de documentos: En 2024, reportó que su firma fue falsificada para justificar gastos sin su autorización.
- Cobro ilegal por tránsito de madera: Investigaciones apuntan a posibles amenazas relacionadas con cobros clandestinos por el transporte de madera, a los que la presidenta se oponía.
- Conflicto político interno: Se examina un entorno de tensiones políticas locales, derivadas de administraciones pasadas.
“No habrá impunidad”, asegura el fiscal
Rodríguez Alamilla aseguró que ya se toman declaraciones a personas clave para fortalecer las investigaciones. Confirmó que tras el crimen, elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y la Sdena se desplegaron en la zona.
“El compromiso es esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. Esa es la forma de honrar la memoria de la presidenta”, concluyó el fiscal.
La Fiscalía continuará con los peritajes, entrevistas y análisis de evidencias para esclarecer este crimen que ha conmocionado a la región.
