El Senado de la República aprobó una polémica reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, conocida por sus críticos como “Ley Censura”, por considerarla una amenaza directa a la libertad de expresión en México.
Con 77 votos a favor y 30 en contra, la propuesta fue avalada en lo general, aunque se modificó una de las reservas que permitía suspender transmisiones de forma precautoria. El documento ya fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis.
Según el Senado, esta nueva legislación busca fortalecer medios comunitarios, indígenas y públicos bajo un enfoque de derechos humanos y multiculturalidad. Se plantea una reestructuración completa del marco regulador y operativo del sector, con énfasis en medios sin fines de lucro que cuenten con mayor respaldo legal y financiero.
Uno de los cambios más relevantes es la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que será reemplazado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Esta nueva entidad contará con una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, integrada por cinco comisionados con autonomía técnica y operativa.
La ley redefine a las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios públicos esenciales para garantizar derechos fundamentales como la educación, la salud, el acceso a la información y la libertad de expresión. También establece nuevas reglas para el uso del espectro radioeléctrico, incluyendo modelos de uso compartido y tecnologías emergentes.
Las concesiones de uso público y social serán asignadas directamente, sin costos ni impuestos, y se otorgarán incentivos fiscales a los concesionarios que operen en zonas marginadas.
Uno de los aspectos más controversiales fue el artículo 109, que originalmente otorgaba facultades a la ATDT para bloquear temporalmente plataformas digitales en caso de incumplimiento. La inclusión de esta cláusula generó una fuerte reacción pública. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó su eliminación, aclarando que nunca se tuvo la intención de aplicar medidas de censura y que el artículo se refería a temas fiscales relacionados con el SAT.
Otro punto delicado de la nueva ley es la ampliación de los motivos por los cuales pueden suspenderse transmisiones de radio y televisión. La oposición, especialmente el PRI y el PAN, denunció que esta medida representa un riesgo para la libertad de expresión y un retroceso democrático.
No obstante, expertos como Gabriel Sosa Plata, académico de la UAM Xochimilco, recordaron que esta figura legal ya existía desde la legislación de 2014 y no es un concepto nuevo, aunque su alcance actual se ha ampliado.
