El Pleno del Senado de la República aprobó este martes dos nuevas leyes clave en materia de Seguridad Pública y de Investigación e Inteligencia, en una sesión marcada por la ausencia de la oposición y el respaldo mayoritario de Morena y sus aliados. Ambas legislaciones fueron turnadas al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue aprobada con 88 votos a favor y 16 en contra, mientras que la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia obtuvo 67 votos a favor, 29 en contra y tres abstenciones. Esta última ha sido calificada por legisladores de oposición como una “ley espía”, al considerar que otorga al gobierno acceso sin control judicial a datos personales, biométricos, fiscales, telefónicos y de geolocalización, tanto de fuentes públicas como privadas.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, explicó la postura dividida de su bancada: “Porque, además, esta ley, la de Seguridad es un reconocimiento de que la estrategia de ‘Abrazos no balazos’ fue un absoluto fracaso. Entonces sí vamos a votar a favor de la de Seguridad. Sobre la de Investigación e Inteligencia, esa sí es otra historia y por supuesto que vamos a votar en contra, porque estamos convencidos de que es literalmente el último clavo al ataúd para acabar con la privacidad en México e instaurar el Gobierno Espía”.
La nueva legislación de inteligencia contempla la creación de una Plataforma Central de Inteligencia, bajo control del Centro Nacional de Inteligencia, que integrará bases de datos de instituciones públicas y privadas. También establece la creación del Consejo Nacional de Inteligencia y una Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, con facultades para coordinar acciones de análisis criminal y prevención del delito.
Mientras Morena defendió las reformas como herramientas necesarias para fortalecer la seguridad y combatir el crimen organizado, la oposición advirtió sobre el riesgo de militarización, vigilancia masiva y concentración de poder en el Ejecutivo.
El debate sobre estas leyes ha reavivado la discusión sobre los límites entre seguridad nacional y derechos civiles, en un contexto de creciente polarización política.
