El Magistrado Ricardo León Caraveo, adscrito a la Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), enfrenta una creciente ola de señalamientos por presuntas conductas hostiles, decisiones arbitrarias y uso indebido de recursos públicos, según testimonios de trabajadores, funcionarios y abogados vinculados al órgano jurisdiccional.
Caraveo fue inicialmente asignado el 1 de febrero de 2024 a la Sala Regional de Hidalgo, adscripción que rechazó. En pocos días gestionó su traslado a Guadalajara, movimiento que marcó el inicio de una serie de conflictos. De acuerdo con fuentes internas, desde su arribo se negó a colaborar con la Primera Secretaria de Acuerdos, generando tensiones al impedir la entrega formal de funciones.
Durante la ausencia temporal de esta funcionaria, interrogó al personal sobre su conducta y posteriormente la citó para comunicarle el término de su encargo, sin posibilidad de réplica. Situaciones similares se repitieron con otros funcionarios, entre ellos un Secretario de Acuerdos, presuntamente presionado a renunciar bajo amenazas veladas.
Ya instalado en la Sala Regional, León Caraveo nombró a personal cercano en cargos clave, incluso a funcionarios con antecedentes de conflicto o sin títulos académicos en Derecho, lo que ha sido considerado como una decisión irregular. A partir de entonces, se multiplicaron los reportes de hostigamiento y obstrucción al trabajo de otras magistradas: retención de expedientes, retraso en firmas, represalias por observaciones a sus sentencias y bloqueos en procesos colegiados.
El ambiente en la Sala se tornó tenso y, según los testimonios, derivó en despidos bajo presión, amenazas a personal técnico y señalamientos sin pruebas sobre presunta corrupción. La situación llevó al traslado de magistradas que operaban en conjunto desde 2017, generando una desintegración funcional del espacio colegiado.
A pesar de una nueva integración de la Sala desde junio de 2024, las irregularidades persisten. Caraveo continúa con ausencias frecuentes, rechaza observaciones a sus proyectos y evita la remisión de asuntos a Tribunales Colegiados, emitiendo “comunicados” sin sustento procesal. También se reporta el uso excesivo de insumos institucionales para fines personales, extensión de licencias a personal afín y exigencias de trabajo fuera del horario laboral establecido.
Abogados han denunciado ante diversas instancias retrasos de más de seis meses en promociones, falta de sentencias desde 2020, y atención evasiva del equipo del Magistrado. Aún con estos señalamientos, se le atribuye haber manifestado sentirse respaldado políticamente, lo que alimenta la percepción de impunidad en su actuar.
Hasta la fecha, la Junta de Gobierno del TFJA y la Sala Superior no han emitido sanciones ni comunicado medidas correctivas ante los hechos reportados.
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