El banco mexicano CIBanco presentó una demanda federal contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ante la Corte del Distrito de Columbia, luego de que la institución estadounidense lo señalara por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero para organizaciones criminales.
La acción legal busca frenar una orden emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que prevé cortar el acceso de CIBanco al sistema financiero estadounidense a partir del 4 de septiembre de 2025. La demanda, registrada con el expediente 1:25-cv-02705-TNM, fue interpuesta el 17 de agosto y va dirigida directamente al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la directora del FinCEN, Andrea Gacki.
Una sentencia de muerte financiera: CIBanco
En el documento judicial, CIBanco sostiene que las acusaciones de FinCEN violan la Ley de Procedimientos Administrativos y los principios constitucionales del debido proceso. Afirma que, sin una intervención urgente del tribunal, la orden representa una amenaza existencial para la institución: “esta medida ilegal pone en riesgo nuestra solvencia y nos empuja al colapso total”, advierte el banco.
Según la demanda, la desconexión de la red financiera estadounidense afectaría más de 40 mil millones de dólares en activos legítimos que la institución administra para fondos de pensiones, inversionistas y ciudadanos estadounidenses.
CIBanco subraya que, ante la falta de un proceso transparente, está siendo condenado sin oportunidad de defensa: “nos enfrentamos a una desaparición inminente sin siquiera poder rebatir las acusaciones”.
Las acusaciones de FinCEN
El 25 de junio, el FinCEN acusó públicamente a CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector de haber facilitado el lavado de más de 46 millones de dólares provenientes del narcotráfico, particularmente relacionado con el tráfico de opioides. En respuesta, el Departamento del Tesoro anunció su intención de excluirlas del sistema financiero estadounidense.
Inicialmente, la desconexión estaba prevista para el 21 de julio, pero fue aplazada al 4 de septiembre, en medio de tensiones diplomáticas y reacciones legales. En México, las tres instituciones se encuentran bajo intervención administrativa, aunque el gobierno mexicano ha declarado no haber recibido pruebas concluyentes que respalden las acusaciones.
Impacto inmediato en operaciones y relaciones internacionales
La demanda advierte que los efectos de la orden ya se están materializando. Instituciones financieras estadounidenses han comenzado a cortar lazos con CIBanco, anticipando las restricciones. El último banco corresponsal de la entidad en EE.UU. notificó la terminación de su relación para el 21 de agosto, lo que pone en jaque la operatividad internacional del banco mexicano.
“El negocio de CIBanco depende casi por completo del acceso a transacciones en dólares. Esta orden no solo nos paraliza: nos condena a la extinción”, sostiene la institución en su demanda.
Juez, fiscal y jurado: Sin pruebas, ni defensa
El banco mexicano afirma haber solicitado en múltiples ocasiones al FinCEN las evidencias que justifican los señalamientos en su contra, sin obtener respuesta. Acusa a la agencia de actuar como “juez, fiscal y jurado” en un proceso opaco, sin fundamentos claros ni oportunidad real de apelación.
“Estamos ante una cámara secreta”, se lee en el texto, que describe el proceso como deliberadamente opaco y alejado de los principios del estado de derecho.
Además, CIBanco insiste en que sus controles internos y programas de cumplimiento contra el lavado de dinero están alineados con los estándares de los bancos estadounidenses. Advierte que si una institución como la suya puede ser objeto de sanciones tan extremas, ningún banco en el mundo estaría a salvo de decisiones unilaterales y sin garantías legales.
Una defensa del sistema, no de los cárteles
A pesar de las fuertes críticas a la orden del Tesoro, CIBanco asegura en su demanda respaldar completamente los esfuerzos de EE.UU. por combatir el narcotráfico y la epidemia de opioides, pero considera que la medida adoptada es injustificada, desproporcionada y contraproducente.
“Esta orden no contribuirá a los objetivos legítimos del gobierno estadounidense. Por el contrario, castiga a una institución que ha colaborado activamente en prevenir los delitos que se le imputan”, concluye.
