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Jalisco y Nayarit dialogan en la SCJN sobre límites territoriales en Mezquitic

Con el fin de dar continuidad a la controversia constitucional por la delimitación territorial en el municipio de Mezquitic, el Gobierno de Jalisco sostuvo un encuentro institucional con autoridades de Nayarit y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La reunión fue convocada por el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y contó con la participación de Iván Ricardo Chávez Gómez, subsecretario de Asuntos del Interior del Gobierno de Jalisco; Tatiana Anaya Zúñiga, consejera jurídica del Estado; y Óscar Zaragoza Cerón, director general de Asuntos Agrarios, además de representantes del Gobierno de Nayarit.

El diálogo giró en torno a la controversia constitucional actualmente en estudio en la SCJN, relacionada con la delimitación de la zona wixárika de Jalisco, particularmente en la comunidad de San Andrés Cohamiata.

El Gobierno jalisciense reiteró que su prioridad es respetar y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, subrayando la necesidad de dar certeza jurídica a las comunidades afectadas.

Desde 2018, la falta de definición en los límites territoriales ha derivado en diversas controversias presentadas ante la Suprema Corte, todas vinculadas a San Andrés Cohamiata. En mayo de 2025, Jalisco denunció una vulneración a su soberanía y a lo establecido en la controversia constitucional 108/2018, situación que impactó directamente a por lo menos 12 localidades de la región wixárika.

Este escenario motivó nuevas acciones legales y aumentó la tensión en las comunidades, que demandan una resolución clara y pacífica.

Uno de los acuerdos alcanzados en la reunión fue el compromiso del ministro presidente de la SCJN de realizar un análisis exhaustivo de las pruebas y actuaciones presentadas por ambos estados. Asimismo, se determinó agendar una nueva fecha de seguimiento para revisar el estado procesal del juicio y desahogar las pruebas pendientes.

Con este ejercicio, el Gobierno de Jalisco reafirmó su disposición al diálogo, la coordinación institucional y el respeto a la legalidad, privilegiando siempre la defensa de los pueblos originarios y la búsqueda de una solución justa y pacífica a este conflicto histórico.