La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, identificó 13 casinos que operaban en el país —tanto en modalidad física como virtual— y que fueron incluidos en una lista para el bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Derivado de esta investigación, la Dirección General de Juegos y Sorteos ordenó la suspensión inmediata de las actividades de dichos establecimientos, con el objetivo de asegurar la legalidad de sus operaciones y proteger a las personas usuarias que no estén relacionadas con presuntas acciones delictivas.
