Guadalajara, Jalisco. – El diputado local de Movimiento Ciudadano, Omar Cervantes Rivera, presentó este viernes ante el pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma al artículo 4°, párrafo once, de la Constitución Política de Jalisco para convertir el derecho a la vivienda en una obligación concreta del Estado y frenar que siga tratándose como mera mercancía sujeta a la especulación y la gentrificación.
“La vivienda se ha convertido en un producto y no en un derecho. Los jóvenes, las mujeres violentadas, los pueblos originarios y las personas en situación de vulnerabilidad no pueden acceder a una vivienda digna bajo el actual modelo de mercado”, denunció Cervantes Rivera, quien advirtió que la especulación inmobiliaria, la mala planeación urbana y los cambios de uso de suelo están desplazando a miles de familias hacia periferias sin servicios básicos ni oportunidades de empleo.
El legislador, autor del libro Casa llena, corazón contento y promotor del programa Renta tu Casa en Tlajomulco, criticó los abusos de algunas desarrolladoras y los altos costos de créditos y rentas derivados de la falta de planeación participativa. “Incluso se ha vuelto común cobrarle caro a la gente por el simple hecho de tener todos los servicios, o convertir el acceso a la vivienda en un negocio con tintes de poder político en lugar de un proyecto de inclusión social”, sentenció.
La iniciativa propone que el párrafo once quede redactado así:
“Toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios para hacer efectivo este derecho, sustentados en una política de vivienda social del Estado que priorice a trabajadores, personas sin ingresos fijos, jóvenes, mujeres víctimas de violencia, comunidades y pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y grupos en situación de vulnerabilidad, con especial atención al interés superior de la niñez”.
Además, incorpora los estándares internacionales de ONU-Hábitat sobre lo que debe entenderse por “vivienda adecuada”: habitabilidad, seguridad jurídica en la tenencia, asequibilidad, accesibilidad, ubicación apropiada, adecuación cultural y disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura.
Cifras que evidencian la crisis
– Según investigadores del CUAAD de la Universidad de Guadalajara, en tres décadas el municipio de Guadalajara ha perdido más de 260 mil habitantes por desplazamiento y gentrificación, dejando miles de viviendas desocupadas en el centro mientras las periferias crecen sin planeación.
– El Censo 2020 del INEGI reporta 6.1 millones de viviendas deshabitadas en México (un aumento del 24 % respecto a 2010) y 2.5 millones de uso temporal (casas de fin de semana o vacacionales).
– CONEVAL (2018) estima que 14 millones de hogares (45 % del total) no gozan del derecho constitucional a la vivienda digna, situación especialmente grave en zonas rurales de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Cervantes Rivera enfatizó que su propuesta no parte de cero: surge de mesas de análisis, del programa Renta tu Casa y de la colaboración con expertos, autoridades y sociedad civil. “El Estado no puede seguir siendo un actor pasivo; tiene que convertirse en garante activo del derecho a habitar”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación.
