El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, anunció este domingo la declaración de estado de sitio en todo el país por 30 días, en respuesta a una ola de ataques coordinados contra la Policía Nacional Civil que dejó ocho agentes muertos en la capital.
Durante un mensaje transmitido en cadena nacional, el mandatario afirmó que “la violencia y la intimidación no dictarán el rumbo de Guatemala”, subrayando que su gobierno no cederá ante las pandillas ni los grupos criminales que buscan desestabilizar al Estado.
Según Arévalo, el sábado se produjeron motines simultáneos en varias cárceles del país, organizados en represalia por los operativos recientes que buscaban retomar el control de los penales. Al día siguiente, presuntos integrantes de pandillas atacaron a las fuerzas de seguridad, desencadenando la crisis que llevó a la medida excepcional.
“Sabemos quiénes están detrás: grupos que se alimentan de la corrupción, que crecen en las sombras y buscan infundir terror. Pero este año, Guatemala recuperará su sistema de justicia”, declaró el presidente.
¿Qué implica el estado de sitio?
La medida otorga facultades extraordinarias al gobierno y al Ejército, entre ellas la detención de personas sin orden judicial, la prohibición de manifestaciones o reuniones públicas y la suspensión temporal de ciertos derechos constitucionales, con el objetivo de garantizar la seguridad nacional frente a amenazas terroristas o insurgentes.
¿Cuál es el impacto en la vida cotidiana en Guatemala?
Arévalo aseguró que, pese al estado de sitio, la vida diaria y la movilidad de la población no se verán afectadas, salvo por la suspensión de clases este lunes 19 de enero en instituciones públicas y privadas.
Motines y acciones policiales
Las fuerzas de seguridad retomaron el control de la cárcel de máxima seguridad Renovación I, en el sur del país, una de las prisiones donde estalló la revuelta.
Durante el operativo, la Policía Nacional Civil informó que fue “neutralizado” Aldo Ochoa, identificado como líder de la pandilla Barrio 18 y principal instigador del motín, quien exigía traslado a otro penal y privilegios como aire acondicionado y comida a domicilio.
La situación marca uno de los episodios más delicados en materia de seguridad desde el inicio del gobierno de Arévalo, que enfrenta el reto de reafirmar el control del Estado frente a las estructuras criminales y restablecer la confianza ciudadana en las instituciones.