México llega a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en un escenario marcado por la violencia contra las mujeres. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero de 2019 y enero de 2026 se han registrado 6 mil 440 feminicidios en el país.
Los datos oficiales ubican a Sinaloa, la Ciudad de México y el Estado de México como las entidades con mayor número de casos. En ese mismo periodo también se contabilizó el asesinato de 635 menores de edad —niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años— bajo la tipificación de feminicidio.
Para el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), el país enfrenta esta fecha en un contexto preocupante, en el que la violencia feminicida persiste y el acceso a la justicia continúa siendo limitado para las víctimas.
El organismo advierte que muchas mujeres deben enfrentarse a estructuras institucionales que reproducen desigualdades, estereotipos de género y altos niveles de impunidad. Desde su perspectiva, esto dificulta que los casos sean investigados con la debida perspectiva de género y que se garantice justicia.
En este escenario, el observatorio también alertó sobre el debilitamiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), uno de los instrumentos creados para atender las formas más graves de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.
De acuerdo con el OCNF, a un año de que la Secretaría de las Mujeres asumió la coordinación de este mecanismo, no se han observado avances relevantes. Por el contrario, se modificó el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, eliminando la obligación de que los estados con alerta vigente presenten informes semestrales sobre el cumplimiento de las medidas implementadas.
La directora del observatorio, María de la Luz Estrada, señaló que estos cambios representan un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres, al reducir los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas.
Aunque el gobierno federal anunció una inversión superior a 856 millones de pesos para el Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas, organizaciones civiles han señalado que no existe claridad sobre los criterios con los que se distribuyen estos recursos ni sobre su aplicación para fortalecer refugios, centros de justicia y el propio mecanismo de alerta.
El OCNF también advirtió que desde 2025 en varios Estados —como Veracruz, Puebla, Quintana Roo y Jalisco— no se ha convocado a los grupos de trabajo responsables de evaluar el funcionamiento de la alerta. En otras entidades, como Sonora y Chiapas, las sesiones han sido mínimas.
Otro punto de preocupación es que en algunas entidades se analice retirar la alerta sin que existan evaluaciones públicas que demuestren mejoras sustanciales en la protección de las mujeres.
La crisis de violencia también se refleja en el aumento de desapariciones. Guadalupe Ramos, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, señaló que el fenómeno se ha agravado en los últimos años.
Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas indican que el año pasado se reportaron 28 mil 770 mujeres desaparecidas, mientras que el SESNSP registró cinco mil 20 mujeres víctimas de homicidio hasta octubre de 2025.
Para organizaciones feministas, estas cifras reflejan la magnitud de la violencia que enfrentan las mujeres en el país y evidencian la necesidad de reforzar las políticas públicas de prevención, investigación y búsqueda con enfoque de género.
