La relación entre México y Estados Unidos sufrió un fuerte deterioro luego de que autoridades estadounidenses presentaran cargos formales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con el narcotráfico.
La acusación, dada a conocer por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, incluye a varios funcionarios mexicanos señalados de colaborar con el Cártel de Sinaloa mediante protección institucional, filtración de información y recepción de sobornos a cambio de apoyo político.
Entre los implicados figuran el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán y diversos mandos de seguridad y procuración de justicia en el estado. Ante esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que Washington ha solicitado la detención con fines de extradición de los señalados, aunque subrayó que no se han aportado pruebas que respalden las acusaciones. El caso será analizado por la Fiscalía General de la República conforme a la legislación mexicana.
Las imputaciones incluyen delitos graves como conspiración para traficar drogas, posesión y uso de armamento de alto poder, así como acuerdos para su utilización. Estas acusaciones podrían derivar en penas de hasta cadena perpetua. En un caso particular, un exmando policial enfrenta cargos adicionales por secuestro y asesinato de un informante vinculado a la DEA.
Gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios mexicanos actuales y exfuncionarios acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas https://t.co/L7RTc9y0VY
— Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) April 29, 2026
Desde el ámbito político, Rocha rechazó categóricamente los señalamientos y los calificó como infundados, además de considerarlos un ataque directo a su proyecto político. Por su parte, Inzunza también defendió su inocencia, argumentando que su origen en Sinaloa no debe ser motivo de estigmatización.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la investigación revela una red de corrupción en la que funcionarios habrían facilitado operaciones del Cártel de Sinaloa a cambio de millonarios sobornos. Se les acusa de permitir el trasiego de drogas, encubrir actos violentos e incluso colaborar en secuestros y homicidios, además de proporcionar información estratégica para evitar operativos.
El titular de la DEA, Terrance C. Cole, sostuvo que Rocha habría llegado al poder con apoyo de Los Chapitos, grupo ligado a Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes presuntamente intimidaron a adversarios políticos. A cambio, afirma la investigación, se les habría garantizado protección. También se señala que funcionarios recibían pagos periódicos por alertar sobre operativos de seguridad.
Este proceso ocurre en un contexto marcado por acuerdos judiciales recientes de figuras clave del narcotráfico, como Ovidio Guzmán y Ismael “El Mayo” Zambada, cuyas declaraciones habrían contribuido a sustentar las indagatorias.
El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, respaldó las acciones judiciales y reiteró que la corrupción vinculada al crimen organizado será perseguida. Sin embargo, el Gobierno mexicano cuestionó la forma en que se hicieron públicas las acusaciones, al considerar que vulneran acuerdos de confidencialidad entre ambos países.
Este episodio profundiza la tensión bilateral en un momento delicado, marcado por diferencias en materia de seguridad y cooperación, y a pocas semanas de un evento internacional conjunto como el Mundial de 2026.