Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, fue detenido el pasado lunes en Arizona por autoridades estadounidenses, de acuerdo con documentos judiciales difundidos este viernes.
El exfuncionario, de 66 años, enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico y posesión de armas, en medio de una investigación que también involucra a otros políticos sinaloenses.
Tras su captura, Mérida fue presentado ante un tribunal federal y posteriormente trasladado al Distrito Sur de Nueva York, donde continuará el proceso judicial en su contra.
Entre los delitos que le atribuyen autoridades de Estados Unidos se encuentran conspiración para el tráfico de drogas y posesión de armamento de alto poder.
Acusaciones alcanzan a funcionarios de Sinaloa
El caso forma parte de una investigación más amplia impulsada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que señaló a 10 funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Entre los nombres mencionados aparece el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como el senador Enrique Inzunza.
Las acusaciones provocaron una fuerte polémica política en México desde finales de abril. Diversos funcionarios involucrados han rechazado los señalamientos y aseguran que no existen pruebas contundentes en su contra.
La presidenta Claudia Sheinbaum también cuestionó públicamente las imputaciones y señaló que, si no se presentan evidencias claras, el trasfondo podría ser político.
Un amparo había frenado su extradición
Días antes de su captura, un juez federal en México había otorgado una suspensión provisional para impedir cualquier intento de extradición contra Gerardo Mérida.
El recurso legal buscaba frenar órdenes de detención o aseguramiento con fines de traslado hacia Estados Unidos.
Sin embargo, la detención ocurrió finalmente en territorio estadounidense, donde ahora enfrentará el proceso judicial.
Delitos podrían alcanzar cadena perpetua
Las autoridades estadounidenses detallaron previamente que los cargos incluyen importación de narcóticos, conspiración criminal y posesión de ametralladoras y explosivos. Según la legislación de ese país, estos delitos pueden castigarse con penas de hasta cadena perpetua.
El caso es considerado uno de los golpes más fuertes contra la llamada “narcopolítica” en México, debido a que las investigaciones apuntan a funcionarios que todavía ocupaban cargos públicos.
