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Desalojo en Tampamolón: 100 familias indígenas Náhuatl y Tének confrontan fuerza pública en San Luis Potosí

Decenas de familias indígenas Náhuatl y Tének fueron desalojadas el martes 9 de junio de 2026 del predio La Peña, en el municipio de Tampamolón Corona, San Luis Potosí. El operativo, realizado con fuerza pública, dejó a más de 100 familias en incertidumbre, con reportes de detenciones, agresiones y daños a viviendas. Los afectados aseguran que radican en el lugar desde hace años y que han presentado pruebas legales de su derecho a permanecer.

El operativo de desalojo se llevó a cabo el 9 de junio de 2026 en el predio La Peña, Tampamolón Corona, SLP, con la participación de corporaciones estatales de seguridad. Más de 100 familias indígenas Náhuatl y Tének fueron afectadas, y se reportan al menos 6 habitantes asegurados, aunque esta cifra no ha sido confirmada oficialmente. Durante el operativo, las familias denuncian agresiones, detenciones arbitrarias y daños a sus viviendas.

El conflicto de fondo se remonta a varios años de disputa por la posesión del predio. Las familias indígenas denunciaron una política de abandono de las autoridades estatales y municipales, y aseguran que han presentado amparos, pruebas legales y han solicitado diálogo sin obtener respuesta. Reedman el derecho a continuar en las tierras donde radican históricamente.

Ninguna autoridad emitió un informe detallado sobre el operativo. La organización campesina CIOAC denunció las detenciones y agresiones durante el operativo, mientras que los afectados exigen una audiencia con el gobernador de San Luis Potosí.

El desalojo ha generado incertidumbre en más de 100 familias sin certeza sobre su futuro habitacional. Las comunidades indígenas enfrentan vulnerabilidad y riesgo de desplazamiento forzado, y denuncian la falta de atención a demandas históricas de servicios básicos y reconocimiento de tierras.

Las familias indígenas no descartan más protestas y manifestaciones en el futuro. Exigen una mesa de diálogo efectiva con el Gobierno del Estado, y organizaciones sociales monitorean el caso para evitar violaciones a derechos humanos.