¡DENUNCIA PÚBLICA!
Más de 55 familias fueron desalojadas de manera violenta en el fraccionamiento San Antonio, en Tlajomulco de Zúñiga, en un operativo que los habitantes califican como ilegal, arbitrario y brutal, ejecutado en la madrugada del 15 de julio de 2026.
Operativo sin orden visible y con grupos de choque
Según testimonios de los afectados, el desalojo comenzó alrededor de las 4:00 horas, cuando elementos de la Policía Municipal de Tlajomulco, acompañados por los grupos tácticos Linces y Jaguares, ingresaron al fraccionamiento junto con un grupo de civiles que los vecinos identifican como “grupo de choque” e incluso como “internados de anexos”.
Los pobladores aseguran que estos civiles cerraron la entrada del fraccionamiento, impidiendo la salida de familias enteras y el acceso de cualquier persona externa, creando un cerco que dejó a los moradores atrapados y sin posibilidad de pedir ayuda.
Golpes, jaloneos y agresiones a menores y mujeres
Los testimonios coinciden en que hubo uso excesivo de fuerza, golpes y agresiones físicas contra menores de edad, mujeres y amas de casa que intentaban proteger sus pertenencias.
Vecinos relatan que niños fueron empujados, jaloneados y sacados de sus habitaciones en medio del caos, mientras que varias mujeres fueron tiradas al suelo y golpeadas por los grupos que ingresaron a las viviendas. Algunos habitantes reportan que fueron amenazados con armas largas y que se les impidió grabar los hechos o comunicarse con familiares.
Denuncian complicidad entre policías, banco y juez
Los afectados señalan una presunta complicidad entre policías municipales, representantes del banco acreedor y el grupo de choque, quienes habrían actuado coordinados para ejecutar el desalojo sin respetar protocolos legales.
Acusan directamente al juez del Juzgado Primero de Tlajomulco de estar en contubernio con quienes adquirieron la cartera vencida de las viviendas, presuntamente vendidas de manera irregular y en perjuicio de compradores de buena fe que llevaban años habitando el fraccionamiento.
La ausencia de personal del juzgado durante el operativo, la falta de identificación de los ejecutores y la participación de civiles ajenos a la autoridad refuerzan la sospecha de que el desalojo se llevó a cabo fuera de la ley, con abuso de autoridad y violación grave de derechos humanos.
Exigen intervención de la CEDH y autoridades estatales
Las familias desalojadas exigen la intervención inmediata de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), así como la actuación de autoridades estatales y federales para investigar la cadena de responsabilidades, sancionar a los involucrados y garantizar la restitución de sus hogares.
También piden que se revise la legalidad de la adquisición de la cartera vencida y la actuación del juez señalado, pues consideran que se trata de un caso de corrupción, abuso institucional y violencia sistemática contra ciudadanos de buena fe.
En Tlajomulco, la madrugada del 15 de julio se convirtió en escenario de un desalojo que, según los afectados, no solo fue ilegal, sino profundamente violento e inhumano.
