La diputada federal Marcela Michel López, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para actualizar la Ley Federal de Seguridad Privada e incorporar nuevas disposiciones relacionadas con seguridad digital, resiliencia cibernética y protección durante eventos de afluencia masiva.
La propuesta busca adaptar la regulación del sector a los nuevos riesgos derivados del uso de tecnología, la inteligencia artificial y la organización de eventos con grandes concentraciones de personas.
Michel López señaló que la seguridad privada ya no se limita a la vigilancia física, sino que forma parte de una gestión integral de riesgos. En ese sentido, planteó actualizar el marco legal para establecer mayores requisitos de capacitación, protección de datos y prevención de incidentes.
¿Qué propone la iniciativa?
Entre los principales cambios planteados se encuentra establecer capacitación obligatoria en derechos humanos para el personal de seguridad privada. Las empresas deberán acreditar que sus programas de formación incluyen contenidos actualizados sobre derechos humanos y protocolos previstos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
La iniciativa también propone crear una modalidad específica para la seguridad privada en eventos de afluencia masiva. Esta regulación contemplaría tareas como control de accesos, gestión de flujos de personas y preservación del orden durante actividades deportivas, culturales, recreativas y comerciales, en coordinación con autoridades de protección civil y seguridad pública.
Otro de los ejes es incorporar la resiliencia cibernética dentro de la seguridad de la información. Esto incluiría análisis de vulnerabilidades, prevención de ataques y protocolos para responder y recuperarse ante incidentes digitales.
Regulación de inteligencia artificial y videovigilancia
La propuesta contempla regular las centrales de monitoreo que utilicen videovigilancia con analítica de datos e inteligencia artificial.
De aprobarse, estos sistemas tendrían que cumplir con medidas de protección como cifrado de datos y seguridad perimetral informática, con el objetivo de proteger información relacionada con la ubicación y las rutinas de los usuarios.
La iniciativa también plantea que los uniformes del personal de seguridad privada tengan una identidad civil claramente diferenciada, por lo que se prohibiría utilizar insignias o grados jerárquicos similares a los de corporaciones policiales o de las Fuerzas Armadas.
Mayor transparencia para contratar empresas
Otro punto de la propuesta es la publicación de amonestaciones firmes contra empresas de seguridad privada en el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada.
La finalidad, de acuerdo con la iniciativa, es que los ciudadanos puedan consultar el historial de las empresas antes de contratar sus servicios.
Además, los contratos deberán establecer de manera clara los alcances y límites de la responsabilidad civil de las compañías.
Michel López destacó que México se ha convertido en sede de eventos y torneos deportivos de alcance internacional, por lo que consideró necesario contar con estándares de seguridad y gestión de multitudes que permitan prevenir incidentes.
La legisladora también señaló que el crecimiento de los riesgos cibernéticos representa un reto para las centrales de monitoreo que manejan información sensible.
¿Cuándo entrarían en vigor los cambios?
La propuesta establece un plazo de 365 días naturales para que las empresas actualicen sus programas de capacitación y adopten las medidas de ciberseguridad contempladas.
En el caso de los uniformes, se plantea un periodo de 120 días para realizar las adecuaciones correspondientes.
De acuerdo con la iniciativa, la aplicación de estas modificaciones no requeriría recursos presupuestales adicionales, debido a que se integrarían a los programas y funciones que actualmente desarrollan las autoridades competentes.
La propuesta fue turnada a comisiones de la Cámara de Diputados para su análisis y eventual dictaminación.
