El Pleno del Senado de la República aprobó este miércoles las modificaciones hechas por la Cámara de Diputados a la reforma de la Ley de Amparo, una norma clave que permite a cualquier persona defenderse legalmente ante actos arbitrarios de autoridades. La reforma fue avalada tanto en lo general como en lo particular y ahora será enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Ley de Amparo ha sido históricamente utilizada por ciudadanos, comunidades, organizaciones y empresas para frenar decisiones gubernamentales que vulneran derechos. Por ejemplo, ha servido para suspender obras públicas que afectan el medio ambiente, detener desalojos injustificados o impedir la aplicación de leyes que contradicen la Constitución.
Sin embargo, la oposición, encabezada por el senador Clemente Castañeda Hoëflich, coordinador de Movimiento Ciudadano, alertó que los cambios aprobados representan un retroceso en la protección de derechos fundamentales.
“La Ley de Amparo no es solo un procedimiento legal, es una herramienta sustantiva que protege a las personas frente a los abusos del poder. Con esta reforma, se limita el concepto de ‘interés legítimo’, lo que significa que muchas personas que antes podían presentar un amparo ya no podrán hacerlo”, explicó Castañeda.
El “interés legítimo” es lo que permite que alguien afectado indirectamente por una decisión gubernamental —como una comunidad cercana a una obra contaminante o una organización defensora de derechos humanos— pueda acudir a los tribunales. Al restringir este concepto, la reforma podría dejar fuera a quienes no sean afectados de manera directa, pero sí real.
La aprobación se dio en medio de críticas por parte de legisladores de oposición, quienes consideran que la reforma debilita el acceso a la justicia y contradice avances logrados por la Suprema Corte en materia de derechos humanos.
Ahora, el documento será enviado al Ejecutivo federal, quien tiene la facultad de publicarlo o devolverlo con observaciones. De ser publicado, los cambios entrarían en vigor y modificarían la forma en que los ciudadanos pueden defenderse legalmente ante actos de autoridad.
Organizaciones civiles y expertos en derecho han comenzado a analizar posibles acciones legales para frenar la reforma, mientras se espera la postura oficial del Gobierno federal.
