Por Francisco Javier Cárabez Hernández*
Un diagnóstico equivocado, una cirugía mal practicada o una omisión médica pueden generar responsabilidad legal. Conoce cuándo existe una negligencia médica y cuáles son las vías para exigir la reparación del daño.
Una cirugía que salió mal, un diagnóstico equivocado o una atención tardía pueden cambiar la vida de una persona y de toda una familia en cuestión de horas. Cuando esto ocurre, surge una pregunta inevitable: ¿se trató de una complicación médica inevitable o de una negligencia que debe generar responsabilidad?
La vida y la salud son, probablemente, los bienes más valiosos que posee una persona. Por ello, el derecho a la protección de la salud se encuentra reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos.
Cada día, millones de personas depositan su confianza en médicos, enfermeras, hospitales y demás profesionales de la salud con la esperanza de recibir un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado y una atención que les permita recuperar o conservar su bienestar. Detrás de cada consulta, cirugía o procedimiento médico existe una expectativa legítima: ser atendido con profesionalismo, ética y diligencia.
Sin embargo, existen casos en los que esa confianza se ve afectada por errores, omisiones o actuaciones que se apartan de los estándares profesionales exigidos por la medicina. Es ahí donde surge el concepto de negligencia médica y, en consecuencia, la posible responsabilidad profesional médica.
Antes de continuar, es importante aclarar que no todo resultado desfavorable constituye una negligencia. La medicina no es una ciencia exacta y existen enfermedades complejas, complicaciones inevitables y reacciones particulares de cada organismo que pueden presentarse incluso cuando el personal médico actuó correctamente.
La diferencia radica en determinar si el profesional de la salud cumplió con los protocolos, conocimientos técnicos, normas aplicables y deberes de cuidado que razonablemente le eran exigibles de acuerdo con las circunstancias de cada caso.
La negligencia médica puede presentarse en distintas etapas de la atención sanitaria. Por ejemplo, cuando existe una exploración deficiente del paciente, un diagnóstico equivocado o tardío, la omisión de estudios indispensables, la administración incorrecta de medicamentos o la realización inadecuada de un procedimiento quirúrgico.
En los casos más graves, estas actuaciones pueden provocar lesiones permanentes, discapacidades, daños psicológicos, afectaciones patrimoniales e incluso la pérdida de la vida.
Uno de los temas que genera mayor confusión entre los pacientes es la firma del consentimiento informado, comúnmente conocido como “responsiva médica”.
Muchas personas creen que al firmar dicho documento renuncian automáticamente a cualquier reclamación futura. Esto es incorrecto.
El consentimiento informado tiene como finalidad que el paciente conozca el procedimiento al que será sometido, los riesgos inherentes al mismo, los beneficios esperados y las posibles alternativas de tratamiento. Sin embargo, no constituye una autorización para actuar con negligencia ni libera al médico de responsabilidad cuando existe una actuación contraria a los protocolos médicos, a las Normas Oficiales Mexicanas o a la buena práctica profesional.
En otras palabras, firmar un consentimiento informado no significa aceptar errores médicos.
Cuando una persona considera que ha sido víctima de una posible negligencia médica, resulta fundamental actuar con prontitud. Lo primero es solicitar copia completa del expediente clínico, conservar estudios, recetas, diagnósticos y cualquier documento relacionado con la atención recibida.
Posteriormente, puede resultar conveniente obtener una segunda opinión médica especializada que permita evaluar objetivamente el tratamiento brindado y sus consecuencias.
Desde el punto de vista jurídico, el ordenamiento mexicano contempla diversas vías para reclamar la reparación del daño.
La primera es la vía civil, mediante la cual pueden reclamarse indemnizaciones, gastos médicos presentes y futuros, daño moral y otras afectaciones económicas derivadas de la conducta negligente.
También existen procedimientos administrativos cuando intervienen instituciones públicas o privadas sujetas a supervisión sanitaria.
Asimismo, en determinados casos puede existir responsabilidad penal cuando la conducta del profesional de la salud encuadra en algún delito previsto por la ley.
La finalidad de estos procedimientos no es castigar la práctica médica responsable ni obstaculizar el ejercicio de una profesión indispensable para la sociedad. Por el contrario, buscan garantizar que quienes prestan servicios de salud actúen conforme a los estándares éticos, científicos y legales que exige una actividad tan delicada como la protección de la vida y la integridad de las personas.
La confianza entre paciente y médico debe construirse sobre la transparencia, la información y el profesionalismo. Cuando esa confianza se rompe por una actuación negligente, el derecho ofrece mecanismos para buscar justicia y obtener una reparación adecuada.
En una sociedad que exige servicios médicos cada vez más especializados, también resulta indispensable fortalecer la cultura de la responsabilidad, la prevención y el respeto a los derechos de los pacientes. Informarse, documentar los hechos y buscar asesoría oportuna puede marcar la diferencia entre resignarse al daño o ejercer plenamente los derechos que la ley reconoce.
La medicina salva vidas; el derecho protege la dignidad de quienes depositan su confianza en ella. Cuando existe una posible negligencia médica, la información y la asesoría oportuna pueden marcar la diferencia entre la impunidad y la justicia.
*Abogado
Cárabez | Abogados · Estudio legal & negocios.
